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7-May-2009 | Cuando se decidió la estatización de las AFJP, el Gobierno dijo que apuntaba a un nuevo sistema previsional que resolviera los inconvenientes del actual. Por eso la ley establece que el destino prioritario de los recursos de la ANSES debe ser la seguridad social. Pero la simple observación del sistema muestra que se está incumpliendo con la movilidad para aproximadamente el 50% de los jubilados y que en razón de eso, hoy, el 76% de los mayores percibe el haber mínimo.
Los fondos disponibles a partir de la mayor cantidad de aportantes que pasaron de las AFJP al Estado permitirían hoy elevar el haber medio del sistema en un 44% e incluso aumentarlos un 12% adicional. Lejos de ello, el Gobierno aplicó su inconstitucional Ley de Movilidad y otorgó un miserable aumento del 11%, es decir, 80 pesos por mes y 2,66 por día.
La Ley de Movilidad actúa hoy como un cepo para esterilizar los efectos positivos que los mayores recursos disponibles podrían tener sobre el sistema previsional. También permite el desvío de esos fondos con otros objetivos.
El Gobierno dice que usa los excedentes del ANSES. Pero en tanto no cumple con el pago de los haberes, lo que presenta como excedente o superávit no es otra cosa que los haberes reprimidos. Hasta ahora anunció que usará $ 82.000 millones del fondo acumulado para pagar deuda, financiar actividad empresarial y costear obras públicas.
Esa decisión implica absorber todo el superávit del ANSES de este año para los objetivos de financiamiento del Tesoro ($ 18.000 millones) y aumentar los títulos de deuda pública en la cartera de inversiones del ANSES. Por eso en la práctica, y pese al cambio estructural que debería suponer el haber terminado con la jubilación privada, lo que hace es transformar a la ANSES en su propia AFJP.
Publicado en Crítica de la Argentina - 07 de mayo de 2009