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15-Feb-2010 | Desde el viernes pasado, cuando la fiscal Martha Nieva se hizo presente para comunicar la orden de desalojo, los asambleístas se mantuvieron al costado de la ruta, en un campo perteneciente a un miembro de los autoconvocados, y afirmaron que no permitirían pasar camiones y maquinaria de la empresa minera. Pero este lunes al mediodía, la empresa avanzó con su equipamiento hacia la zona del corte, acompañada por móviles policiales, mientras se iban levantando retenes a lo largo del camino, que provocaron por unas horas el aislamiento en la zona de represión.

Ya por la tarde, una vez frente a los asambleístas, que no permitieron el paso de la maquinaria, actuaron las fuerzas de choque policiales y de gendarmería, con perros y equipos especiales para reprimir, con balas de goma y gases lacrimógenos, ocasionando varios heridos y más de 15 detenidos.

Entre los heridos, se cuenta a un niño de apellido Paz, que estaría grave y fue trasladado de inmediato a la capital provincial, según informaron los asambleístas. En tanto, entre los detenidos, se encuentran el profesor Mario Pacheco, Raúl Martínez, Patricia Álvarez de Figueroa, Teresita Nieto, el ingeniero del INTA, Juan Colica, y el comerciante Flabio Verdel. Los vecinos ubicados frente a la comisaría de Andalgalá son testigos de los primeros detenidos por la gendarmería.

Los retenes no funcionaron por mucho tiempo y finalmente, centenares de personas alcanzaron el lugar del corte, atravesando un largo camino viejo para sortear los retenes policiales. Una vez llegados los vecinos, los efectivos policiales se retiraron del corte. Allí, asambleístas aún resisten e impiden que circule la máquina minera usada por la policía como pretexto para reprimir.

Sin embargo, las luchas continuaron en la ciudad de Andalgalá. Según relató uno de los asambleístas a InfoSUR, las luchas callejeras y protesta de los vecinos se convirtió en una pueblada. La furia desatada por la represión policial devino en amontonamientos enfrente de la comisaría, ataques a la sede de la empresa minera y a la municipalidad local, frente la total ausencia de las autoridades locales. Aparentemente, el párroco habría salido a calmar las aguas, pero fue corrido por "ser un emisario del obispo de Catamarca, socio de las mineras".

“Que se cuiden los cipayos vende patria. Ellos son los únicos responsable de todo esto. El fiscal vio toda la represión, pero no nos quiere atender ante el reclamo por los detenidos. Nosotros vamos a seguir en la lucha aunque no les guste. La policía de Andalgalá y la de la provincia vinieron a proteger a los mineros y promineros”, se quejó un vecino.


"Sabíamos que iba a llegar el momento que el aparato represor a servicio de los intereses de este modelo de desarrollo devastador se haga presente con su brazo mas tosco, la institución policial, bajo las ordenes directas del gobernador, el ministro Silva, el intendente Perea y el juez Cecenarro; así como sucedió y sucede en distintas latitudes de América Latina y Argentina, como con los compañeros de La Rioja y tantos lugares en donde la gente va tomando conciencia, se manda a reprimir con la policía", sostuvo un asambleísta.

Asimismo, desde organizaciones asamblearias, aseguraron que "ante esta brutal represión al pueblo que está en defensa del territorio, ante esta violación a nuestros cuerpos, porque pretenden hacernos silenciar, aún con represión y con detenciones, los pueblos se levantan y no callan."

Este martes temprano, arrancaron los encuentros asamblearios, para definir el rumbo a seguir. Hasta anoche, había gran preocupación de los andalgalenses, a raíz de la desaparición del asambleísta Aldo Flores, un viejo activista contra la minería que días pasados "recibió fuertes amenazas y bravuconadas policiales", según denunciaron.